La muerte de Naomi Arcentales no puede convertirse en otro caso más que ponga en duda, con justa razón, la idoneidad y la competencia de la justicia ecuatoriana.
Por un lado, las nuevas investigaciones deben despejar dudas y determinar si lo sucedido con la joven se trata de un suicidio o de un asesinato. Por el otro, las revelaciones provenientes de la familia de la fallecida con respecto a la relación que esta mantenía con su conviviente, un fiscal en Manabí, merecen atención urgente.
Si es que un fiscal —el funcionario por excelencia llamado a representar y a exigir el respeto a la ley en el país— es protagonista de violencia de género, el Estado debe proceder con máximo rigor y rever, cuanto antes, los procesos de selección y evaluación que permiten el ingreso de individuos de esa calaña en el sistema.
Es posible que este caso engrose las filas de los atroces crímenes de género que ocurren a diario en Ecuador, tal como el de Valentina Cosíos y muchas otras.
Familiares y defensores de Naomi Arcentales han pedido que, por motivos de imparcialidad e independencia, el caso recaiga en autoridades de otra ciudad. Es un pedido razonable y urgente, cuando se investiga a un fiscal de la misma provincia en la que ocurrió la tragedia. Es, además, un oportuno llamado de atención al Estado sobre la desesperante situación que enfrentan miles de víctimas en las zonas alejadas de los centros de poder: indefensas cuando abogados de las partes, acusados, fiscales, policías y jueces forman parte de una misma exclusiva ‘argolla’ en la que lo que importa es el poder, no la justicia ni la verdad.
Los lamentables
FRASES DEL DÍA
«Sin la confianza de la nación el poder no vale nada.”
Catalina II ‘La Grande’ (1729-1796), emperatriz de Rusia
«El mayor freno para los descubrimientos no ha sido la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento.”
Daniel Boorstin (1914-2004), historiador