El juicio político que enfrenta el presidente Guillermo Lasso está sirviendo para —independientemente de su desenlace— exponer el embrollo que constituye Flopec para el Estado ecuatoriano. Sobran los motivos que hacen de dicha empresa pública una permanente fuente de preocupación: finanzas poco transparentes que dificultan evaluaciones objetivas, leyes y reglamentos escabrosos que impiden una gestión eficiente, una serie de privilegios y un abundante flujo de capital que amplifican la tentación de la corrupción, y una complejidad —tanto de la empresa como del negocio en el que se desenvuelve— que rebasa largamente la capacidad de comprensión de la mayoría de los funcionarios públicos llamados a fiscalizarla.
Si de algo puede estar seguro el país es que, bajo las condiciones vigentes, dicha empresa seguirá siendo fuente de escándalos y cuestionamientos para los gobiernos venideros —como lo ha sido desde su creación—. Los monopolios estatales y las empresas públicas del país son producto de los desafíos y aspiraciones del siglo pasado. En nombre de las prioridades de aquel entonces —la soberanía, la seguridad nacional, el fortalecimiento del Estado y un concepto de desarrollo que enfatizaba un anhelo industrial— se crearon estructuras e instituciones que ahora resultan problemáticas o incluso obsoletas. Hoy, cuando principios como el bienestar ciudadano, la transparencia y la gestión eficiente pesan más que las consideraciones militaristas de hace cincuenta años, resulta cada vez más difícil defender la existencia de dichas instituciones. Se requiere, urgentemente, una revisión, reestructuración o liquidación acorde a los tiempos.