Pese a todo el ruido que levantó la denuncia de una supuesta red de corrupción encabezada por el círculo íntimo del presidente Guillermo Lasso, hasta el momento no hay más que conjeturas y acusaciones pendientes de comprobación. Sin embargo, la reacción errática y furibunda del primer mandatario constituye suficiente motivo de reflexión —y de preocupación— para quienes buscan mejorar el desempeño de la clase política.
El Presidente acumula ya un historial que evidencia una preocupante facilidad para perder los cabales y endilgarle delitos a sus adversarios. En su momento, acusó a los líderes de las otras tres principales fuerzas políticas de conspiradores. Luego, afirmó que el líder de la Izquierda Democrática lo había instado a perjudicar al fisco a cambio de apoyo y que asambleístas de Pachakutik habían pedido dinero. Poco después, aseguró que Leonidas Iza y sus manifestaciones eran financiadas por dinero del narcotráfico y que había sectores políticos envueltos en la ofensiva del crimen organizado de finales del año pasado. En este último exabrupto, aseguró que las denuncias eran orquestadas por mafiosos atemorizados por la extradición y, una semana después, que eran financiadas por un exministro y dos exfuncionarios perjudicados por la liquidación de Seguros Sucre. Ninguno de estos supuestos delitos se ha demostrado ni ha sido penado.
Lo que verdaderamente interesa es si hay o no corrupción en el Estado, no si quien denuncia es corrupto también. Si es que en verdad no hay nada condenable en su gestión, mal hace el Ejecutivo en abusar de su fuero para acusar gratuitamente.