La presunta violación de una estudiante de secundaria por parte de sus compañeros, durante un paseo organizado y supervisado por los padres de familia, conmociona a la ciudadanía. Es un caso más en la larga estela de acusaciones por delitos sexuales que han sacudido a establecimientos educativos en los últimos años. Parece que nadie está salvo; centros privados y públicos, laicos y religiosos, incluso sitios de formación de las fuerzas de seguridad, han sido escenario de denuncias de casos de acoso, abuso o violación; en algunos casos los acusados son alumnos y en otros, docentes.
Horroriza que hechos de este tipo parecen despertar entre sus actores apenas una preocupación inmediata por sortear posibles acusaciones o estigmas. Los representantes de los establecimientos destacan que los hechos no sucedieron en sus instalaciones. Las autoridades del Estado se escudan tras “los protocolos”, por más absurdos que estos sean. Los padres de familia buscan culpar a docentes y directivos. El desenlace suele limitarse a sanciones que acaecen bajo un total hermetismo. La triste realidad, sin embargo, es que existe un problema que significa un riesgo objetivo para toda la comunidad educativa, y que debe ser enfrentado de manera apropiada.
Desafíos de esta índole no tienen un responsable exclusivo, sino que competen a toda la sociedad en su conjunto. Las soluciones deben abordarse, también, de manera integral.
Cuando se descubre a un agresor, la responsabilidad de sancionarlo, de proveer tratamiento para él y su familia, y de proteger a futuras víctimas recae sobre todos los adultos responsables dentro de aquella comunidad.
Es necesario entender qué lleva a ciertos estudiantes a proceder de semejante manera y dónde se origina el clima de permisividad que permite que semejantes hechos ocurran.