Al hablar del régimen laboral, debemos aceptar que no podemos estar peor de lo que ya estamos. Bajo cualquier parámetro de medición, un código cuyo resultado es apenas 30% de empleo formal debe ser considerado un exorbitante fracaso. La realidad del país en este momento es que la inmensa mayoría —7 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar— se encuentra en el desempleo o en esa tremenda situación de precariedad que eufemísticamente se denomina informalidad.
El régimen laboral actual es el principal candado que impide el desarrollo económico del país. Tanto el crecimiento del sector productivo como la reducción del desempleo se tornan imposibles bajo la normativa existente. El sistema de cálculo de sueldos está divorciado de la realidad económica nacional y regional, los costos de contratación y de despido son demasiado elevados, contempla onerosas figuras anacrónicas, y carga sobre sí el bulto de un sistema de seguridad social extemporáneo y caduco. Al encarecer la generación de empleo, condena a los ecuatorianos ya excluidos a la precariedad, al crimen o a la migración. Los únicos que defienden este sistema perverso son las minorías privilegiadas y agremiadas que, con tal de conservar sus “derechos adquiridos”, están dispuestos a perpetuar el naufragio que afecta a sus compatriotas.
El trabajo por horas sí es una alternativa que permitirá destrabar, en algo, la asfixiante situación. Es una real opción de progreso para miles de ecuatorianos atascados en la informalidad, para aquellos que buscan trabajar más o para quienes —especialmente mujeres— tienen a otros a su cuidado y requieren flexibilidad. No hay motivo válido para oponerse.