A este Gobierno le correspondió la oportunidad histórica de negociar los nuevos contratos de concesión del espectro radioeléctrico con las operadoras móviles privadas. Se trata de un hecho de inmensa trascendencia que, pese al vertiginoso ritmo al que avanza la tecnología en ese campo, se produce apenas cada 15 años. Pese a ello, la convulsión política y la ineficiencia administrativa han impedido que el régimen llegue a definiciones. El tiempo pasa, los plazos estipulados en la negociación siguen venciendo sucesivamente y no hay acuerdos. Mientras, la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, se aferra a un silencio que de tan hermético ya no despierta desconfianza, sino preocupación.
En el peor de los escenarios —uno en el que el Gobierno se comporte completamente negligente y las empresas opten por un legalismo inclaudicable— el servicio mismo que facilitan las dos operadoras privadas podría suspenderse. En un escenario un poco menos dañino —el de una negociación displicente y apresurada— podría repetirse el mismo error de 2008, cuando, además de una falta de transparencia que despertó suspicacias, la poca previsión derivó en pobres beneficios para el Estado, acuerdos que cayeron pronto en la obsolescencia y un régimen de multas risibles cuyos platos rotos pagó el usuario.
Ahora el país tiene la oportunidad de exorcizar todos esos cuestionamientos y, de paso, prepararse mejor para lidiar con este sector que tanto ha cambiado y con las nuevas tecnologías que se avecinan. Mientras, el silencio gubernamental frente al justificado nerviosismo ciudadano resulta inexplicable y hasta indecoroso.