En teoría, el Estado ecuatoriano es patrimonio de todos, pero en la práctica solo unos pocos se hacen cargo de su sustento. En una economía tan informal como la ecuatoriana, en la que gran mayoría de ciudadanos viven sumidos en el subempleo y una inmensa parte del consumo no se registra, la masa tributaria del país es insuficiente. Mientras el gasto público aumenta sin remedio, la economía formal —aquella que paga impuestos y que se refleja en los indicadores— apenas crece y no alcanza para pagar las cuentas.
Ante la urgencia, los gobiernos apelan a la misma receta gastada: cobrar más a quienes ya están pagando; en ocasiones con contribuciones especiales y en otras, tributos temporales. Incluso, el aumento del IVA al 15%, afectaría a ese sector formal que ya tributa. La gran pregunta es, ¿cómo incorporar a la gran masa informal cuyas transacciones no generan registros, menos aún impuestos?
Para lograrlo se requiere reducir los costos y los obstáculos para la formalización. Reducir tramitología, una reforma laboral —de la cual el trabajo por horas y los contratos temporales son una parte—, una ley de quiebras que incentive la generación de empresas y una simplificación del régimen tributario son algunos de los pasos necesarios.
En los centros urbanos, los municipios se dedican a perseguir a los comerciantes informales e incautan su mercancía; ¿por qué el SRI no hace brigadas de ‘regularización’ en lugar de perseguir y destruir su fuente de sustento?
Medidas flexibles y creativas son urgentes.