Hoy, en el Día del Trabajo, es oportuno recordar que Ecuador sigue siendo un fracaso en materia laboral. El adulto ecuatoriano promedio trabaja informalmente, recibe un ingreso precario y carece de cualquier seguridad social. Esta situación no obedece a la falta de recursos naturales, financieros o humanos —ámbitos en los que el país cuenta con excedentes ociosos que podrían aprovecharse—, sino a la imposibilidad de ponernos de acuerdo como ciudadanos. A pesar de esto o quizá, gracias a esto, y como lo demostró el referendo sobre el trabajo por horas, el draconiano marco legal imperante goza de apoyo popular.
La relación laboral debería ser, como todo acuerdo, un libre intercambio de trabajo por capital, entre iguales, gracias al cual ambas partes mejoran su situación. Lamentablemente, en el país aún prima la visión del trabajador no como un sujeto libre, sino como una víctima explotada, coaccionada a trabajar. En ese contexto, es usual que se apoye a un marco legal que trata a los empleadores como desalmados delincuentes en potencia.
Este orden genera un comprensible miedo entre quienes podrían generar empleo. El costo y el riesgo legal de contratar nuevos trabajadores es irracionalmente alto. Las reglas, además de asumir injusta mala fe y codicia por parte del empleador, están planteadas en función de un lejano pasado en que los mercados eran más estables, los sueldos mucho menores, los riesgos laborales exponencialmente más elevados y la esperanza de vida considerablemente menor.
El país solo tendrá trabajo en abundancia cuando los ecuatorianos sean verdaderamente libres de contratar y de ser contratados. Para ello, se requiere líderes que alcen la voz contra el absurdo imperante.