Conforme el país sigue teniendo que lidiar con el incómodo legado institucional y judicial del correísmo —el caso Dhruv, caso Singue, contratos de Petroecuador y las grabaciones clandestinas resultantes, la Ley de Comunicación, la gobernabilidad en la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre muchos otros ejemplos—, los seguidores y cómplices del prófugo expresidente Rafael Correa insisten en subrayar, con patética solvencia, la ‘legalidad’ de sus actos.
Nadie puede negar que, desde su inicio, el correísmo construyó y pulió un marco legal a su medida, que facilitara la apropiación, el expolio y la sumisión permanente del Estado. Comenzando por la Constitución —y llegando hasta a los más herméticos y especializados reglamentos— trastocaron toda la institucionalidad del país con tal de dotar a su perverso proyecto de una supuesta ‘legalidad’. Pero nada de eso se edificó sobre el consenso ni sobre la educación de la ciudadanía; al contrario, fue levantado a partir del terror al caudillo, de la manipulación científica de masas, de la baja y primaria propaganda, del peligroso enardecimiento de la población, de las presiones y dádivas a partir de los fondos públicos, y —principalmente— de la poca vergüenza.
La tarea de limpiar los escombros y juzgar la inmundicia que dejó ese capítulo de nuestra historia reciente sigue en marcha; vale recordarle al correísmo, cuando se escudan en esas leyes que ellos mismos hicieron, que su ‘legalidad’ fue un cuento en el que solo ellos —si es que acaso ellos— creyeron. Aun cuando escapan de la cárcel, no escapan del juicio de la ciudadanía, siempre implacable con los sabiondos, los descarados y los esbirros.