Se ha intentado de todo contra la corrupción —endurecimiento de penas, reformas a las leyes de contratación pública y de organismos de control, mejoramiento de sueldos en el sector público, etc.—, pero el problema sigue allí. Ahora, en el contexto de la campaña presidencial y de la reciente declaración de parte del Consejo de Seguridad Pública y del Estado cobran fuerza otros enfoques que ameritan cierto escepticismo.
Se enfatiza la lucha contra la corrupción como una iniciativa que requiere cooperación entre Estados y que, además, debe ser capitaneada por organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales. Este enfoque, que guarda alarmantes similitudes con el de la lucha antinarcóticos, corre el riesgo de generar una nueva burocracia internacional anticorrupción que, además de costosísima, tienda a expandirse y perpetuarse. También se busca transferir la responsabilidad al sistema educativo. Esto resulta incoherente. Un Estado es producto y reflejo de los valores de un pueblo. Es el pueblo el que inculca su moral al Estado, no al revés. Al sugerir que la culpa es de la ciudadanía y que la solución es el adoctrinamiento, la clase política se lava convenientemente las manos.
El problema con la corrupción en nuestro país es que la población —honesta en su inmensa mayoría— simplemente no entiende ni conoce los mecanismos de saqueo que emplean los malos elementos en el sector público. Si los políticos quieren cambiar eso, bien podrían empezar, con el discurso y el ejemplo, por hacer pedagogía ciudadana sobre cómo opera la corrupción y cómo se procede con honestidad.