Una más para la cuenta del Presidente

Christian Pérez

Se van sumando errores en la gestión del presidente Daniel Noboa. Unos, que nos afectan gravemente al interno de nuestras fronteras, como es la ineficacia o ¿inexistencia? del Plan Fénix; y otros, cuyas consecuencias ya trascienden los límites nacionales.

Dentro de los segundos, sin entrar en detalles sobre la situación jurídica de Jorge Glas, lo de fondo es el ataque a la embajada de México que, más allá de las justificaciones difíciles de digerir que ha mostrado el gobierno ecuatoriano, se han atropellado principios y normas internacionales que son de obligatorio cumplimiento por parte de los estados en aplicación del principio ‘Pacta sunt servanda’ contenido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que implica que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

Pero, ¿cuáles obligaciones internacionales se han incumplido? La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en su artículo 22 señala, en lo principal, que los locales de la misión diplomática son inviolables, por lo que, los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión diplomática. En este sentido, el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño.

Esta intervención policial y militar en territorio diplomático ha sido un grave error que incluso es repudiado por la comunidad internacional de estados y por la OEA, sin que hasta ahora se evidencie una sola muestra de apoyo. Y no puede ser de otra manera, no se puede permitir un precedente de esta magnitud. La respuesta política y económica que tendrá México ya se prevé y podrá llegar incluso a conocimiento de la Corte Internacional de Justicia.

Lamentablemente la marcada posición ‘anticorreísta’ no permite que nos quitemos el velo de la ignorancia, como manifestaba Rawls, para valorar la real magnitud de este problema y más bien se pretende justificar una atrocidad jurídica y política que internacionalmente está dejando mal parado al Ecuador.