El juicio político avanza, la Comisión de Fiscalización y Control Político presidida por Villavicencio y en la que ha dirigido las últimas sesiones Ana Belén Cordero del oficialismo, no cumplió con su trabajo de elaborar un informe que cuente con el consenso de la mayoría de sus miembros. No importa las volteretas jurídicas que se dé Villavicencio y que cuente con un criterio del procurador general del Estado al respecto, la cuestión es política al no ser capaces de elaborar un documento que logre los apoyos suficientes para ser aprobado y por tanto la comisión le ha fallado a sus integrantes y al país, sin tirar luz a las cuestiones en torno al juicio y oscureciendo aún los hechos y las razones que justifiquen el archivo o la destitución y censura del Presidente.
Ahora, la gran cuestión alrededor del juicio, es que en 2008 de forma malintencionada o en desconocimiento absoluto de política y derecho comparado, se inventaron un proceso sin parangón en el mundo que pone como causales de destitución delitos pero, no requiere enjuiciamiento previo, que necesita del dictamen de la Corte Constitucional en su calificación y que confunde a penalistas, constitucionalistas y administrativas sobre el alcance de la llamada “responsabilidad política” y lo que se debe o no probar para que se configure esta.
No nos hagamos lío, el juicio político, impeachment o moción de censura, son figuras que califican y votan la confianza que el órgano legislativo en representación de la gente y, principalmente en razón de los pesos y contrapesos institucionales tiene sobre el ejecutivo, tiene que ser llevada con responsabilidad y requiere una mayoría calificada para que varias fuerzas políticas coinciden en la necesidad de un cambio rumbo, frente a la pérdida de confianza en el presidente.
La pregunta que debería guiar la discusión nacional es esa, ¿la gente sigue confiando en el presidente Lasso? Creo que la respuesta es más que evidente.
Tristemente la compra de consciencia, con el reparto del colchón, ha puesto en manifiesto cómo se caen a pedazos los partidos políticos, más allá del famoso peculado y el contrato de FLOPEC con Amazonas Tanker.