La controversia que se generó entorno al desarrollo de la marcha del orgullo, en la ciudad de Guayaquil, es una de las tantas muestras que evidencia la falta de garantías, acciones, igualdad y protección de derechos hacia la comunidad LGBTIQ+, principalmente desde los gobiernos locales.
Ser autoridad de lo público y representante de una ciudad, implica un papel importante en la promoción de los derechos y el respeto hacia todas las personas. Pese a ser mandato constitucional, esta afirmación se ha convertido en un cliché o parte de discursos vacíos de líderes políticos, porque en la realidad aún continúan existiendo estigmas, juicios de valor, discriminación y más, que incitan al odio y rechazo hacia la comunidad LBGTIQ+.
Las contradicciones y el mal sabor del conservadurismo que dejó la postura del alcalde de Guayaquil preocupan a la población más vulnerable de vivir discriminaciones, ya que no se trató de un auténtico acompañamiento al proceso de la marcha, sino de un listado de condicionantes y formalismos ante una orden judicial para dar paso al evento en las calles que inicialmente se solicitaron.
Entonces, la polémica deja como resultado de que el diálogo con condiciones no es diálogo, la conversación pública entre Alvarez y una representante de la comunidad LGBTIQ+, no fue más que un desesperado intento de calmar las aguas y posible desprestigio de su administración. Mas no de resarcir y reconocer que las formas de expresión que se evidencian en la marcha son legítimas y se tratan de mecanismos para expresar las vivencias cotidianas.
Si desde la administración pública local no se asume el rol de liderazgo para enfrentar los problemas sociales de discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+, pues los ¨diálogos¨ se seguirá tratando de acciones vacías o hipócritas que sostienen la clásica frase del respeto, pero no comparto.
Ma. Daniela Piedra Carrión