¿Recortes presupuestarios? ¡con responsabilidad!

Juan Francisco Mora

Eficiencia administrativa y lucha contra la corrupción, son los dos grandes retos que están en manos del actual gobierno nacional. En sus manos. En cada una de sus decisiones y ejecutorias. Esos son los retos medibles y evaluables de su exclusiva responsabilidad.

La búsqueda de la eficiencia presupuestaria es una de las complejas metas administrativas de cualquier gobierno en el mundo: lograr reducir el gasto estatal, pero sin sacrificar los servicios públicos que la población de ese país tiene por derecho. Es decir, no solo hacer un recorte matemático en las cifras, sino, a la vez, garantizar la misma cantidad y calidad de servicios.

Porque tampoco hay gracia en hacer un recorte numérico sin responsabilizarse de las consecuencias y el impacto de aquello en la calidad de vida de la gente. Los grandes y tradicionales recortes no son útiles por sí mismos, porque no han significado eficiencia. Al contrario, históricamente muchos fríos recortes a los números del presupuesto nacional solo han dado como resultado la eliminación servicios.

¿Recortar en salud? En un país en donde tenemos un déficit de hospitales, de profesionales de la salud, de equipamiento y de medicamentos.

¿Recortar en educación básica? En una realidad nacional en donde hay un gran déficit de docentes, insuficiencia de infraestructura física, casi inexistente equipamiento tecnológico y didáctico.

¿Recortar en educación superior? En una circunstancia en la que las universidades son la real posibilidad de desarrollo y evolución del país. En una circunstancia en la que se pone en riesgo la investigación científica, la innovación y el acceso de los jóvenes a una educación pública, gratuita y de calidad.

Para hacer ajustes reales y eficientes que aseguren la calidad de los servicios públicos el Gobierno debe apostarle a una reingeniería integral del sector público, con un proceso técnico y planificado a largo plazo, para que los ajustes presupuestarios al erario nacional den el efecto deseado tanto en números, como en cantidad y calidad de servicios públicos.