Carlos Arellano
El pasado 5 de diciembre, el vecino cantón de Pelileo se convirtió en escenario de una marcha por la seguridad que expuso la xenofobia latente en nuestro país. Los habitantes de Pelileo señalaron a los venezolanos como responsables de los históricos niveles de inseguridad y violencia que azotan la nación. Este equívoco discernimiento comenzó a arraigarse en la conciencia colectiva cuando la crisis nacional de seguridad coincidió con la monumental oleada migratoria proveniente de Venezuela.
Uno de los propósitos de la marcha fue exigir que cada ciudadano venezolano establecido en la urbe azul abandonara Pelileo en un lapso determinado. Esta medida se planteó erróneamente como una solución para controlar los altos índices de inseguridad que afectan sin excepción a todos los cantones de la provincia de Tungurahua.
Sin embargo, este argumento, recurrente en diversas ciudades del Ecuador, no solo se enmarca en una tendencia de criminalizar a los venezolanos por su condición de migrantes. También gesta un discurso despectivo hacia miles de migrantes en situación de vulnerabilidad, manifestando un menosprecio hacia el venezolano de escasos recursos, aquel que apenas logra solventar con gran dificultad los gastos básicos de alimentación, vivienda, educación, salud y transporte. Este desdén refleja una forma de aporofobia arraigada en nuestra sociedad.
A lo largo de nuestra historia reciente, episodios similares se han suscitado, si bien con distintas nacionalidades: en algún momento, los ecuatorianos culpaban a los cubanos por los delitos cometidos en el territorio; años después, fueron los colombianos; más tarde, los haitianos y ahora los venezolanos. Sin embargo, más allá de este mensaje xenófobo, la cruda verdad es la falta de valentía para aceptar que los graves problemas de inseguridad que aquejan al país son gestados por ecuatorianos.
Por ejemplo, más del 95% de las personas privadas de libertad en el país son ecuatorianas. Así, la narrativa que criminaliza la migración como causa de la crisis se desvanece. Esta situación se ve agravada por la pasividad de las autoridades, incapaces de articular políticas públicas que contrarresten los efectos de la inseguridad, y por una Asamblea Nacional que no ha legislado en favor de la seguridad nacional.