Giana Katherine Villalva Espinosa
La vida no tiene precio, sin embargo, las acciones son las que finalmente definen cuánto cuesta nuestra vida. Cuando decidimos en manos de quien dejamos nuestra salud, nuestra recuperación, nuestro destino o el de un familiar con la esperanza ciega de ver una mejoría.
La esperanza de rehabilitar a una persona que ha llegado al límite de una adicción ya sea con el alcohol o drogas lleva a los familiares a confiar en ‘centros de rehabilitación de adicciones’ de bajo costo, sin pensar en si son clandestinos o si están regulados pero su manejo es frágil, pues no cabe la imagen de un final trágico hasta que este llega y es imposible actuar.
Sería poco decir que la falta de regulación de los centros de rehabilitación de adicciones hizo de los pasillos pura incertidumbre para las familias de las personas que se encuentran en estas instalaciones. ¿Qué esperar? Cuando inclusive centros de rehabilitación de adicciones legalmente constituidos provocan la muerte, cuando los tratamientos llegan a ser inadecuados, poco eficaces o incluso traumáticos o cuando no se poseen protocolos de emergencia que actúen de manera agresiva ante una situación emergente. El Estado ante este escenario debería plantearse la creación de centros de rehabilitación de adicciones públicos que cuenten con las medidas justas que ayuden a rehabilitar y que a su vez impidan que las personas terminen en la red de estos centros.
Los operativos periódicos para desenmascarar y clausurar centros clandestinos dejan de ser suficientes cuando las adicciones se convierten en una gran demanda que genera un gran negocio, sin importar las vidas que se lleven. Un ejemplo claro es la muerte de 7 personas en uno de estos establecimientos en Guayaquil el año pasado, víctimas que sus edades variaban de los 13 a los 18 años. Ambato no está exento de la tragedia con el claro ejemplo de las últimas semanas.