Victoria Ramón
Cuando hablamos de un “libre porte de armas” se vuelve necesario evaluar su necesidad y consecuencias.
Si bien es cierto que, para acceder a ellas, ahora bastará cumplir ciertos requisitos, la realidad, muchas veces supera a la literatura.
Ahora bien, es necesario evaluar esta realidad desde múltiples aristas y analizarlo incluso desde los resultados que han dado en los países que lo permiten, como lo es EE.UU., en que el 68% de los perpetradores de tiroteos escolares obtuvieron las armas de sus familiares, y el 73% de ellos no tenían antecedentes penales, tomando en cuenta que en el 2022, se dieron aproximadamente más de 2 tiroteos masivos por día, y, en el ámbito de la violencia intrafamiliar, sus víctimas demostraron ser 5 veces más propensas a fallecer por armas. A esto, hay que resaltar, que el 54% de las muertes violentas en EE.UU. fueron por suicidio con armas.
Conociendo estos datos, acaso es prudente su “permiso”, tomando en cuenta lo altos índices de violencia intrafamiliar, femicidios, tráfico de armas, corrupción institucional, depresión que en muchos de los casos llegan a suicidios. Un país con deficiente acceso a la salud, educación, y trabajo, pero armado para “defenderse” de la violencia e inseguridad, denota la incapacidad de un gobierno que no ha sido capaz de garantizar la paz y la vida.
¡No!, no es responsabilidad del ciudadano velar por su seguridad. Este rol le corresponde al Estado, aunque poco a poco va perdiendo el control, que quiere hacer creer que es nuestro deber garantizarnos la seguridad.
El incremento de armas significa la ausencia de paz y la seguridad ciudadana, y ello conlleva violencia sistematizada de nuestro país.