Álvaro Peña Flores
Según GK, desde el 2018 hasta el primer semestre de 2022, 1898 miembros de la Policía Nacional fueron detenidos y procesados por haber cometido presuntuosamente alguna contravención o delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, dicho de otra forma, al menos un policía a diario, es detenido en el país. La mayoría de ellos (63%) volvieron a ejercer sus funciones después de haber sido investigados.
Casos como el asesinato a una bebé por no pasarle pensión alimenticia; complicidad en asaltos, extorsiones y asuntos relacionados con el narcotráfico y delincuencia organizada figuran como los principales causan por las que los procesan a los miembros de la fuerza pública. Este escenario se torna irónico frente a la misión institucional que la Policía Nacional profesa: “Atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional”.
El caso de María Belén Bernal, cuyo presunto culpable es el teniente Cáceres destapa la podredumbre que existe en las bases institucionales, en lo relacionado a la calidad de personas y seres humanos que cada año engrosan las listas de la policía y, sobre todo, el deficiente proceso de selección de los mismos, relacionado con los perfiles psicológicos de los mandos altos y de todo el cuerpo policial.
No cabe duda que los procesos deben ser de élite y apegados a la realidad del país, el asunto se torna oscuro cuando para ingresar a la institución se paga para pasar exámenes y alterar procedimientos que podrían filtrar de cierta forma el personal idóneo. Si se paga para entrar, no será difícil cobrar para dejar salir. A ese paso, están muy lejos de ser hasta el 2025 la institución más confiable, efectiva, íntegra y transparente del sector público, según su visión institucional.