Lindon Sanmartín Rodríguez
A los 17 años, revivimos el drama de ciertas familias ecuatorianas, que vieron la posibilidad de obtener réditos con captación ilegal de dineros. El primero sucedió en el 2005, con el Notario José Cabrera Román que ofrecía “Viva sin trabajar” y ahora con Miguel Ángel Nazareno Castillo, “Don Naza” quién también ofrecía “haz realidad tu sueño”; sueño que se vieron frustrados con la repentina muerte de ambos ciudadanos.
La captación de dinero “ilegal” la mayoría de ciudadanos sabían, menos los organismos de control; judiciales y policiales. El caso notario Cabrera, de acuerdo a la información se manejó, en ese entonces desde la Presidencia de la República bajo la dirección de Rafael Correa Delgado, incluso se entregó un CD a los medios de comunicación y se evidenció nombres de jueces, fiscales, políticos, militares y policías que depositaron sus dineros. Además, aparecían campesinos, profesores, comerciantes, finqueros, jubilados, amas de casa y personas de la tercera edad, que buscaban solventar su situación económica del momento.
En el caso notario Cabrera me pregunto ¿en qué quedó la investigación de la Policía y Fiscalía?: ¿Cuántos fueron procesados?; ¿Los fiscales, jueces, policías, militares y políticos fueron juzgados?, estas y otras preguntas quedaron sin esclarecer y sería bueno de reactivar nuevamente la investigación; pero estoy seguro que la respuesta de los responsables de la investigación será algo así o parecido “Ya está prescrito el caso. Fin del comunicado”.
Estos hechos nuevamente los ecuatorianos lo volvemos a vivir; cuando la Policía Nacional confirma la muerte de Miguel Ángel Nazareno Castillo “Don Naza”, un exmilitar que captaba dinero a intereses de hasta el 90%. Los perjudicados de esta pirámide son posiblemente los mismos sectores jueces, fiscales, políticos, militares y policías y otros ciudadanos más.
Llegó la hora. Los representantes de los tres poderes del Estado deben transparentar si algún funcionario está en la lista de estas plataformas digitales de captación de dinero ilegal, además la UAFE debe investigar el patrimonio de todos los funcionarios públicos, principalmente de los organismos de control y justicia.
Esperemos que la Justicia no lleve el mismo procedimiento de investigación en el caso “Notario Cabrera” con el reciente caso “Don Naza”.