Pablo Javier Villavicencio García
La decisión de declarar terroristas a los grupos de delincuencia organizada es sin duda una medida significativa para combatir la creciente ola de violencia asociada al narcotráfico que ha azotado al país. Con esto se podrá movilizar a las Fuerzas Armadas sin necesidad de decretar estados de excepción para combatir directamente a estas organizaciones. Además, el Estado puede establecer medidas coercitivas y efectivas, incluyendo el uso de armas letales, para combatir esta amenaza grave que nos afecta diariamente.
En términos generales, la identificación de los GDO como una amenaza terrorista significa que estos grupos son considerados un peligro para la seguridad integral del Estado y de sus ciudadanos. La medida permitirá que las Fuerzas Armadas realicen operaciones contraterroristas para identificar, neutralizar y capturar a los miembros de estas organizaciones, inclusive con ayuda internacional, que ya nos hacía mucha falta.
Nuestro país ha estado experimentando un aumento en la violencia debido a la guerra entre las bandas del narcotráfico en las calles y las cárceles. La tasa de asesinatos ha aumentado casi al doble entre 2021 y 2022, de 14 a 25 por cada 100,000 habitantes fuera de las prisiones. Además, más de 420 presos han perdido la vida en enfrentamientos desde 2021. Estos datos indican que la situación de seguridad en Ecuador se ha vuelto crítica y ha requerido medidas urgentes para combatir la creciente amenaza del narcotráfico.
Considero que ya era hora que se promulgue una medida valiente y necesaria para proteger la soberanía, la integridad del Estado y de sus ciudadanos. Esperemos que esta decisión no sea objeto de represalias por parte de los antisociales que nos amedrentan o extorsionan, y si es así, que las FF.AA. hagan su trabajo sin miedo, y de manera fehaciente esperar que esta medida permita disminuir la violencia, restablecer la paz y la seguridad en la población ecuatoriana.