Las recientes elecciones seccionales constituyeron un punto de quiebre en la historia contemporánea de Ecuador. Vista de forma panorámica la línea del tiempo de la política nacional, el 5 de febrero de 2023 marca un nuevo giro hacia la izquierda.
Aunque probablemente no deberíamos hablar tan precisamente de un giro ideológico, sino de la forma que tiene la población de reaccionar ante la gestión del gobierno en funciones. Con la memoria fresca, a la gente le ha resultado inevitable comparar las circunstancias del país y su calidad de vida entre los últimos tres gobiernos; de allí ha sacado sus propias conclusiones y las hizo saber en las urnas.
El pueblo se expresó con claridad: dejó de creer en un gobierno que no ha logrado resolver sus demandas básicas. En consecuencia, le abre las puertas y entrega su confianza a los actores políticos antagónicos.
Este hecho nos deja varias lecciones. Aprendimos, por ejemplo, que debilitar el sistema público de salud impacta directamente en los millones de compatriotas que no tienen la posibilidad de acceder a servicios privados y cuyo derecho se está vulnerando.
Quedó muy claro que desfinanciar, desabastecer, desarmar, dejar sin personal a la salud pública le pasó una factura carísima al gobierno del presidente Lasso; una factura ciudadana llena de dolor, de indefensión, de impotencia, de indignación y de rabia.
Desde su perspectiva ideológica, el actual gobierno quizá tiene sus razones para tomar las decisiones que ha tomado para ‘dejar morir’ la salud pública; cualquiera que sean esas razones, las consecuencias ha sido devastadoras para la población y realmente fulminantes para los más pobres.
Hasta podría parecer que se lo hace desde una lógica de mercado: ‘dejar morir’ la salud pública para promover la creación de un nuevo mercado de consumo de salud privada. Pero seguramente no es así, porque hacerlo de esa manera sería un acto inmoral en contra del país y un acto criminal en contra de los más pobres y desprotegidos.