La justicia ecuatoriana es un ideal. Es tan sensible y vulnerable que su institucionalidad está en crisis. El Estado ecuatoriano desde hace 15 años realiza inversiones cuantiosas por dotar de infraestructura, capacitación y burocráticos procesos de selección de jueces y juezas. Se mediatizó el despliegue económico, para sostener una de las funciones del Estado que más cuestionamientos tiene. No está en cuestión la inversión, sino que da mucha rabia que se haya hecho mucho para que el sistema siga igual o peor que antes.
La inversión no se cuenta en miles sino en millones; y la sensación de la calidad de justicia en Ecuador es por demás deficiente, que demora o simplemente no llega, que es cuestionable y dudosa, que opera bajo oscuros intereses y que exige tratos especiales como si fuesen la mejor profesión del mundo e intocable.
El Presidente de la República, ha hecho bien en encarar a quienes hacen de este servicio un espacio de oportunismo y de “garantías” para quienes ostentan un poder que al parecer es sobrenatural, porque para la gente que pide justicia de “verdad” le siguen posponiendo audiencias, se siguen excusando, se siguen enfermando, y no logran evitar tanta justificación innecesaria.
Me queda la duda de las funciones reales de conocimiento, investigación y sanción cuya obligación recae en el Consejo de la Judicatura, que es el órgano disciplinar de la función judicial. Me queda la duda si las pocas sanciones a administradores de la justicia, en casos especialmente mediáticos son ejemplarizadoras para los cientos de procesos ingresados por violencia de género y femicidio contra niñas y mujeres y otros que no tienen respuesta.
Lo que ha hecho el Presidente de la República no es solo dar nombres, sino exponer a un sistema de justicia endeble y contaminado, que es servicial a todo, menos a la verdad. Esta función del Estado que se supone ser autónoma e independiente necesita urgentemente una transformación de fondo que resquebraje y golpee los privilegios que no le corresponden y se establezca el verdadero Estado de derecho para los derechos de todos.