Si usted ciudadano común tenía alguna esperanza de que en este país los órganos e instituciones públicas se despojarían de intereses políticos anteponiendo los sagrados intereses de la patria que tanto se mencionan en los discursos públicos, sepa que estamos lejos de vivir esa realidad. De igual manera, si usted pensaba que los hechos ocurridos en aquel fatídico octubre de 2019 sancionaría duramente a los responsables de obstaculizar servicios públicos, atacar a civiles ajenas a su “lucha”, incendiar y destruir instituciones y espacios públicos, sepa que su órgano legislativo, la mayoría de aquellos por los que usted confío su voto oportunamente, decidió olvidar todos esos repudiables hechos ocasionados por un grupo de “pobrecitos”.
Todo al estilo del político ecuatoriano, canjeando favores y votos para que cada una de las partes obtenga alguito de lo que persiguen, pero eso sí, había que mezclar a justos y pecadores en el listado de amnistiados para que la opinión pública confunda a verdaderas víctimas de persecución política con aquellos cómplices del desastre que ocasionaron en la capital y varias otras ciudades, con consecuencias económicas que tardaron en ser reparadas. ¿El saldo? Un partido político mafioso que recupera en su tablero a varios de sus principales alfiles para lograr su objetivo de “recuperar la patria”, una presidenta de la Asamblea acorralada y pendiendo de un hilo, cuestionada y traicionada por sus propios compañeros de bloque que de apoco se acomodan a la dinámica del poder; y, un gobierno que cada vez se encuentra acorralado con poco margen para ejecutar una agenda legislativa tan necesaria para reactivar los distintos sectores del país, para lo cual cede espacios que conllevarán un alto costo.
Como ciudadano, distante del quehacer politiquero de nuestros asambleístas y con mayor desilusión en su accionar que de costumbre, me invade un sentimiento repulsivo sobre todos quienes a título de representarnos repartieron amnistías a sus panas burlándose de sus votantes.