‘La moratoria de las deudas en la banca pública, privada y cooperativa’, constituyó uno de los puntos más controversiales del pliego de peticiones de la denominada ‘Movilización Nacional, Popular y Plurinacional’.
El aplazamiento de deudas exigía que, durante al menos un año, los deudores no paguen sus obligaciones, es decir, que, en este tiempo, el sistema financiero público, privado y entidades del sector financiero popular y solidario (Esfps) no recuperen la cartera de crédito.
Según la Conaie, la clase trabajadora tiene problemas para honrar sus compromisos, aunque el indicador de morosidad refleja que la mayoría de las operaciones crediticias no están vencidas, es decir, los deudores están pagando sus créditos.
Lo solicitado por la Conaie evidenció un total desconocimiento del funcionamiento de la intermediación financiera que consiste en la captación y colocación de recursos (préstamos). Una posible moratoria implicaría tasas activas de interés más altas, menor acceso al crédito e incluso una posible corrida de depósitos que podría ocasionar el colapso del sistema financiero.
Por otro lado, las “enormes utilidades” que manifiesta la Conaie reflejan que: la economía empezó a recuperarse tras la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, más ecuatorianos tienen acceso al crédito, el saldo de la cartera creció y las provisiones para cuentas incobrables se redujeron o se mantienen porque la mayoría de deudores están al día en sus pagos.
Entonces, el pedido de la Conaie no tiene sustento técnico. Sin embargo, la banca pública, de acuerdo a parámetros establecidos, realizará la condonación de deudas y reestructurará en mejores condiciones las operaciones que lo requieran.
Adicionalmente, la Junta de Política y Regulación Financiera emitió una resolución que norma el refinanciamiento y la reestructuración de deudas en el sistema financiero privado y de las Esfps que benefician a los deudores impagos, pero para la Conaie no es suficiente.
El sistema financiero constituye uno de los pilares más importantes de la economía gracias al manejo técnico y responsable de los recursos de la ciudadanía. Protegerlo del populismo y de la politiquería significa defender la dolarización, promover la generación de empleo y reconocer su importante contribución al erario.