El artículo 43 elimina la posibilidad de que las universidades tengan medios de comunicación.
Se quiere aplicar un “control totalitario” a los periodistas y a los medios de comunicación. Con esta advertencia, Cristóbal Peñafiel, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), hizo un llamado “urgente” a Guillermo Lasso, presidente de la República, para que se pronuncie por un veto total al proyecto de Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que fue aprobado en la Asamblea, y cuyo texto está en su despacho desde el 25 de julio.
Al pedido de la UNP se sumaron la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape), el Colegio de Periodistas de Pichincha (CPP) y la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP).
Peñafiel afirmó que existen elementos que hacen pensar que la norma está dirigida a seguir intentando un control de la prensa para “hacerle caer en errores”, y procurar el cierre de medios como ya ocurrió en gobiernos anteriores, dijo.
Tema sensible
Para Peñafiel uno de los temas más sensibles, que se incluye en la reforma aprobada por la mayoría correísta y sus aliados en la Asamblea, es la eliminación de la opinión como parte del contenido comunicacional. “Se busca quitar el derecho a pensar y expresar la opinión que cada uno tiene”, enfatizó.
El artículo 43 de la LOC también elimina la posibilidad de que las universidades que tienen facultades de periodismo tengan medios de comunicación en los que sus estudiantes puedan realizar sus prácticas y comenzar sus carreras profesionales. “Esto significa un control totalitario a los medios”, añadió el titular del gremio.
Agregó que la “reforma” recoge las mismas prácticas atentatorias a la libertad de expresión y de prensa de su “nefasta antecesora; la Ley de Comunicación aprobada en 2013, durante el régimen de Rafael Correa y que está plagada de vulneraciones al derecho inalienable del ser humano a la libertad de expresión”.
Por lo tanto -señaló- es una inconstitucional regresión en derechos, y sus auspiciantes muestran el inocultable propósito de volver a la “ley mordaza”, a la persecución a periodistas que incomodan al poder y a la “corrupción institucionalizada”.
Esta “reforma mordaza”, además, viola flagrantemente los preceptos de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión, normativa que es parte del ordenamiento jurídico del Estado ecuatoriano; y de la Declaración sobre Libertad de Expresión y de Prensa de la CIDH, documento del que Ecuador es suscriptor.
Es necesario recordar que las Relatorías de las Naciones Unidas y de la CIDH para la Libertad de Expresión ya observaron al Estado ecuatoriano por el no acatamiento de estas normas, dejando en mal predicamento a nuestro país en el contexto internacional.
Peñafiel anticipó que la UNP denunciará ante organismos internacionales este nuevo atentado a la libertad de expresión y a la libertad de prensa como un ataque a la democracia.
La UNP recordó el compromiso realizado por Guillermo Lasso, para construir políticas que garanticen la libertad de expresión y el desarrollo de una actividad periodística libre de ataduras y amenazas.
Buscar un equilibrio
Carlos Macías, vicepresidente de la Fenape -miembro asociado de la Federación Internacional de Periodistas (FIP)- opinó que de darse un veto del presidente, la Asamblea no podría volver a tratar una reforma a la ley en el transcurso de los 12 meses. Argumentó que, en ese tiempo, se debería empezar a construir una “verdadera” ley que tenga equilibrio entre lo que es comunicación, información, derechos y obligaciones tanto de periodistas, medios y comunidad.
Consideró que en el esfuerzo de organizarse en mesas técnicas de trabajo debería estar involucrada la academia, la sociedad civil, los periodistas, los propietarios de los medios, las relatorías de derechos humanos que tienen experiencia en comunicación.
“La Ley aprobada en la Asamblea se convierte en un retroceso de muchos años en la lucha para el libre ejercicio profesional y la libertad de expresión”, dijo, tras recordar que el artículo 5 de la normativa podría permitir una sanción civil y penal solo por el hecho de contar historias.
En el despacho del presidente de la República ya se encuentra un oficio remitido por la Fenape en el que se solicita aplicar el veto total de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución.
Ley regresiva
Ruth Perugachi, presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha, afirmó que esperaba otra respuesta de Marcela Holguín, primera vicepresidenta de la Asamblea.
Recordó que Holguín también se desempeñó como periodista y conoce muy bien de las dificultades por las que atraviesa un colega en el ejercicio de su profesión, y muchos de los cuales incluso reciben amenazas y ponen en riesgo sus vidas al investigar actos de corrupción.(SC)
“Rechazo de manera contundente el informe de minoría, es una ley regresiva que vulnera los derechos a la libertad de expresión y restaura la capacidad de sanción y control a los medios y periodistas, así como la censura por parte del Estado”.
Ruth Perugachi, presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha
‘Mina la libertad’
En la carta que la Fenape envió al Presidente de la República el 25 de julio de 2022 señala que los artículos 11 y 12 de la reforma hacen referencia a la responsabilidad ulterior de los periodistas y abren la posibilidad de que sean enjuiciados civil y penalmente por sus opiniones. Además, el artículo 17 le da al Estado la potestad de calificar la veracidad o no de las noticias, lo cual mina la libertad de prensa. El proyecto aprobado con 75 votos afirmativos, 21 negativos y 30 abstenciones, no representa a los principios de libertad de prensa, comunicación y opinión, se resalta en el oficio.