Agustín Sánchez
Mientras ingreso al aeropuerto para tomar un vuelo interno y me someto a numerosos controles, reflexiono sobre los drásticos cambios que ha experimentado la vida de los ciudadanos en todo el mundo, especialmente en lo que respecta a su libre movilidad, tras eventos trascendentales como los ataques del 11 de septiembre y, posteriormente, la pandemia de COVID-19. Para los ecuatorianos, no es suficiente con lo mencionado; la declaración del conflicto armado interno implica nuevas limitaciones a la movilidad que, al parecer, se irán flexibilizando, especialmente en zonas de menor riesgo.
Esta situación nos coloca en una disyuntiva similar a la del COVID-19. ¿Debemos producir para subsistir, asumiendo el riesgo de enfermarnos en su momento? o ¿debemos precautelar nuestra salud y luego reactivarnos productivamente? En la actualidad, enfrentamos la misma pregunta: ¿debemos resguardar nuestra integridad o correr el riesgo de ser víctimas del crimen organizado hasta que la ola criminal termine? En ambos casos, conocíamos el inicio de la problemática, pero la realidad nos muestra otra verdad: no sabemos cuándo terminará.
Para nadie es difícil comprender que mantenernos militarizados, más allá de los límites constitucionales, tiene restricciones presupuestarias. Con el paso de los días, se vislumbra el otro lado de la guerra: el impacto en sectores como el turístico, productivo y educativo, que deben asumir las consecuencias paralizando sus negocios o su derecho a educarse debido a la inestabilidad que nos caracteriza. Esto ocurre sin permitirles recuperarse después de una pandemia y dos paralizaciones sociales que se llevaron consigo muchos sueños y oportunidades.
Desde el lado «positivo», con la esperanza de que la ciudadanía identifique a quienes realmente velan por el bienestar común, los últimos acontecimientos han dejado al descubierto a aquellos que se aferran al status quo, negándose a emprender acciones frente a la amenaza que nos envuelve. Me refiero a las distintas voces «soberanas» que van en contra de los intereses nacionales y se niegan a aceptar cooperación internacional en materia de seguridad, así como a adoptar medidas económicas necesarias para financiar este estado de guerra. Estas medidas son esenciales tanto para enfrentar a estos grupos sanguinarios como para elaborar una estrategia que, durante años, no ha logrado definirse.
Las situaciones difíciles requieren decisiones drásticas, por lo tanto, la unidad estatal debe reflejarse en el ejecutivo como en el parlamento, actuando sin someterse a terroristas y políticos chantajistas que amenazan con calentar las calles. ¡Ya hemos tenido suficiente!