Joffre Villalva Casanello
La falta de control cívico a la corrupción originó las reformas planteadas en la Constitución Política del Ecuador de 1998, De los Organismos de Control, en donde se creó la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que tenía como finalidad promover la eliminación de la corrupción en el país y la obligación de receptar denuncias sobre hechos presuntamente ilícitos cometidos en el Estado. Sin embargo; está servida la trampa, primero demostrar que los actos hayan sido ilícitos, luego encontrar culpables, etc, etc. El problema no está en la falta de control cívico, sino en la falta de control del Estado para operar legítimamente en el país. Todo gobierno ecuatoriano ha instaurado leyes a su conveniencia para que le permita operar “en bien del país”, si fuera así: hace décadas que no necesitaríamos un gobierno en el Ecuador. La forma de administrar el gobierno está a su libre albedrío y allí confluyen todas las formas ilegales de enriquecimiento interno y externo de las figuras públicas y no tan públicas, orquestadas por los intereses del capital que financian las “obras de beneficencia” que generan más pobres en el país cada año. La política y la administración pública van de la mano para socavar la realidad nacional hacia el reparto de los recursos nacionales, pero ¿en realidad necesitamos administradores tan mal calificados, gente que hace política por deporte, por moda, por elecciones, por ánimo de lucro y por no quedarse en el pasado? En una democracia real; como la conocen los países desarrollados que disfrutan de ella, si la corrupción viene inyectada por los dólares, es tiempo de cambiar la inyección innecesaria y prever la locura y el desgaste emocional de la gente. Para ello debemos amar el bienestar común como una expresión de libertad no de servilismo, así la gente no tendría ánimo de cometer ilícitos cuando su forma de vida le permite crecer junto a su familia, el dólar no sería más la medida exacta de los poderes corruptos sino a lo mucho una noticia falsa.