Mesías Mestanza Solano
Nuestra Constitución es la Norma Suprema con más alto rango jerárquico entre las leyes del país, cuyo objetivo es regular el poder estatal y, por supuesto, reconocer los derechos y garantías de los ecuatorianos para una convivencia pacífica dentro del ordenamiento legal. En ella, incluso se manifiesta que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia (se lee muy bonito).
Pero, frente a tanta inseguridad que se traduce en asesinatos, secuestros, robos y asaltos a mano armada por parte de quienes se han apartado de la ley, estos derechos y garantías constitucionales han quedado relegados en el olvido y en letra muerta; pues en Ecuador son los partidos políticos quienes interpretan las leyes para acomodar las cosas a sus propios intereses, desatendiendo al pueblo (solo recuerden a nuestros asambleístas y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social).
Revisando nuestra Supra Ley, encuentro que su contenido se nutre de otras constituciones del mundo así como de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, donde se plasman derechos y garantías como aquel que dice que “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, tales como la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. Se entiende que la libertad consiste en hacer todo lo que no perjudique a los demás… ¿Se cumplirá aquella en Ecuador?
Los seres humanos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario; sin embargo, ha habido gente inocente que ha permanecido detenida muchos años aunque posteriormente haya sido declarada inocente. Mientras los propios culpables son detenidos por la mañana y liberados en la tarde. Entonces, pregunto, ¿se cumplirá en nuestro país el derecho a la igualdad que pregonan los pactos y convenios de derechos humanos y nuestra Constitución? Por supuesto que no.
El derecho a la seguridad jurídica consiste en el respeto a nuestras leyes. ¿Se cumplirá aquel derecho en Ecuador? Un país sin seguridad jurídica es un pueblo en decadencia.