El crecimiento de la violencia y la inseguridad ciudadana es un fenómeno social de gran trascendencia. En nuestro país ningún lugar está exento de delitos, violencia y victimización. Es prioritario generar un campo de reflexión y acción por parte del gobierno central y los gobiernos seccionales.
Sabemos que el sistema formal de justicia penal no es suficiente para evitar el delito, por lo que la prevención es una de las tareas principales de las políticas públicas de seguridad ciudadana. En ese componente se debe enfatizar el involucramiento de la ciudadanía en las iniciativas a desarrollar a nivel local por alcaldes y prefectos, pues el COOTAD, establece funciones clarísimas a los GAD`s Provinciales y Municipales referente a la seguridad ciudadana, tenemos el Art. 41, letra j), estipula como función del GAD Provincial “coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana”; así mismo el Art. 54 ibídem, literal n, dispone a las municipalidades “Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana”.
Señoras y señores la norma es contundente la responsabilidad por la seguridad y protección pública es un deber compartido. Es un tema central, no es posible seguir desconectados de la realidad, pagamos con sangre la falta de interés de quienes dirigen tanto el gobierno central como los gobiernos seccionales. Esta afirmación es ratificada cuando observamos las prioridades de inversión pública y la pérdida de tiempo en discusiones sobre quién es competente, mientras los ciudadanos seguimos expuestos al crimen y la delincuencia.