Orlando Amores Terán
La diferencia entre lo público y lo privado, está en la forma cómo se administran.
En la administración privada se asume las pérdidas y las ganancias, por tanto se actúa mediante análisis previo de los costos y los beneficios.
En la administración pública, como no es dinero del inversor, se lo malgasta y no hay pérdida patrimonial para el burócrata que actúa con irresponsabilidad; tampoco hay el estímulo que provoca la ganancia, como cuando se hacen las inversiones adecuadas, bien planificadas, en la administración privada, porque el burócrata gana un sueldo que se le paga con la usurpación de nuestros ahorros, actúe de modo eficiente o ineficiente, y si es corrupto, como usualmente sucede, tiene comisión adicional, por sus actos irresponsables.
La administración de los bienes de la Nación, denominados públicos, no se fundamenta en parámetros de eficiencia o ineficiencia, porque los cálculos son meramente contables, no empresariales.
Además, las asignaciones presupuestarias dependen de presiones políticas.
El cálculo económico empresarial en las políticas de socialismo parcial, que comporta el «Estado de bienestar», es inexistente, porque son un monopolio estatal: la «salud pública», la «educación pública», la «seguridad social» piramidal coercitiva, no tienen competencia, no dependen de los precios del mercado, porque son subvencionadas en base a la sustracción de los ahorros del sector productivo.
Quiere decir que se financian con el expolio, el asalto, el robo, del narco-Estado ladrón.
De ahí que es imprescindible incluir el costo de responsabilidad por la administración de los recursos de los contribuyentes, para que sean repetidas las pérdidas, a los dignatarios y funcionarios irresponsables, que las provoquen.