Valeria Mesías Rodríguez
Hace unos días, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley de Seguridad Integral con la idea de afrontar la grave situación de violencia en el país. Esta es la tercera ley que se aprueba para enfrentar el incremento de la inseguridad y la crisis carcelaria en Ecuador. La normativa tiene seis ejes para promover la reforma institucional que abarca las entidades del sistema de rehabilitación social, también se plantean reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado con énfasis en el fortalecimiento institucional.
No obstante, se hicieron muchas críticas a la planteada ley, a propósito del contexto tan distendido de violencia y corrupción que existe en el país, apuntando a que la reforma de tales marcos legales es totalmente incompetente e incluso inconstitucional, al no respetar el derecho al debido proceso ni la presunción de inocencia de las personas.
En ese mismo marco, recordemos que en 2022 se firmó la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza y el proyecto de Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. Esta ley otorga el derecho al uso de la fuerza de policías, militares y agentes penitenciarios para controlar el orden en las cárceles y favorece la dotación y uso de armas de fuego en casos de fuerza mayor en donde se aprueba el uso legítimo de la fuerza excepcional.
Pero quienes conocemos las dinámicas del funcionamiento de la sociedad sabemos que son patadas de ahogado. El grado de descomposición social que atravesamos actualmente en el Ecuador no puede ser contenido con reformas legales de esta magnitud. El origen de la violencia social es la estructura económica de desigualdad y las brechas sociales más profundas que nunca. No hay ley de seguridad que logre enfrentar el problema de violencia social en el Ecuador, que resulta de un complejo entramado de conflictos de redistribución y de reconocimiento.