Orlando Amores Terán
Quien propone Constituyente en las actuales circunstancias, es idiota o peón del narcoterrorismo internacional. La Constituyente es para ratificar la Carta Chávez, atornillarla, incorporar más aberraciones «progresistas» de la Agenda 2030, amnistiar al mayor canalla antipatria y ladrón de Ecuador, anular sus juicios; y, burlarse una vez más, de los ecuatorianos, a través de 137 diputados constituyentes, que votarán en contra de nuestros intereses, acelerando la cubanización del país.
Cuando un comunista, y ahora un narcoterrorista dice si, es no; cuando dice no, es si. Como lo dije hace 16 años, jamás digan que no se les advirtió. El narco-Estado instaurado en la Constituyente de Montecristi, instituye un «Estado de derechos», lo cual implica una fantasiocidad perceptiva, ilimitada; la misma que se aleja, a propósito, del Estado de Derecho, que somete el poder a la Ley.
En el «Estado de derechos», el poder concentrador crea y elimina «derechos», a través de una institución designada por el mismo poder centralizado, denominada «justicia constitucional». El Estado cooptador, utiliza la «Función de Transparencia y Control Social», por medio de su órgano ejecutor, el Consejo de «Participación Ciudadana y Control Social», para dominar la «justicia constitucional» y a través de ésta, someter todas las funciones del Estado.
Completa su engaño, utilizando nombres «orwellianos», que comportan lo contrario a su denominación oficial: «Función de Transparencia y Control Social», significa que existe una Función de ocultamiento del control estatal. En otro orden, la «Participación Ciudadana y Control Social», entraña la designación estatal de quien califica como «ciudadano», dentro de un órgano cooptado por las cinco funciones estatales, sobre el que carece de control, la sociedad.
Por ello, es imperativo desarmar por Consulta Popular, el narco-Estado.