Diego Albán Quishpe
En el Ecuador, según la Ley de Juventudes, se considera joven a las personas comprendidas entre los 18 y 29 años de edad. Este cuerpo legal pretende viabilizar los derechos de los jóvenes consagrados en la carta magna, tales como: derechos de participación, organización social, salud, trabajo en condiciones justas, educación, acceso al sistema financiero, al deporte, etc. Ahora bien, ¿Aquello en texto responde exactamente a la realidad? ¡No!
Quienes aún -jurídicamente- somos jóvenes, me atrevo a decir de manera general que, evidentemente, nuestra realidad es otra, donde hemos heredado un país en decadencia en el plano económico, social y política. Donde se ha pretendido hacernos creer que vivimos en un Estado Constitucional de Derechos, en el que la Constitución se asemeja a un paraíso.
Mucho se ha hablado respecto a que los jóvenes no mantenemos un sentido de patriotismo, ¿pero qué nos ha ofrecido el Estado para sentir aquello? ¡Nada! Sin embargo, nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos, más no de quienes nos han gobernado. Esto último ha obligado a que los jóvenes pierdan el entusiasmo de estudiar o emprender para “un futuro mejor”; si estudiamos, no hay oportunidades; si emprendemos, no hay seguridad (nos vacunan); y, si trabajamos, no hay estabilidad.
El desespero se denota en la emigración de miles y miles de personas jóvenes que buscan oportunidades en países de primer mundo. Sin importar el nivel de estudio, las oportunidades no hay para nadie, solo para un mínimo grupo privilegiado. Por su parte, si de algo estoy seguro, es que los que aún nos mantenemos dentro del territorio nacional es porque el factor emocional y/o sentimental no nos permite optar por otras medidas, sino seguir confiando en que algún día esto cambiará. Y el inicio de aquel cambio depende de nuestra participación en la administración del Estado.