Orlando Amores Terán
Es agravarlo. El alto nivel de desprecio a la ley, irrespeto a la fuerza pública, menosprecio a sus mandos, es producto del sometimiento, desde 2008, a un ordenamiento jurídico diseñado para favorecer el delito y proteger a los criminales, anteponiendo los DDHH de infractores, delincuentes, terroristas, al interés general de la sociedad y sus instituciones.
Con la infiltración del hampa en las instituciones públicas y en las fuerzas de seguridad; se cierne sobre los ecuatorianos, un constante peligro. Desarmaron a la población civil, para que el hampa prospere con libertad. La delincuencia siempre fue la aliada esencial para la implantación del comunismo; ahora, es la herramienta para el establecimiento del narcoterrorismo en América. Los hechos de agresión atemorizan a las personas indefensas.
Todo esto ha provocado un nivel de violencia a gran escala, que enfrenta a la fuerza pública contra grupos armados, vinculados al narcoterrorismo internacional, que luchan por tener preponderancia dentro del régimen de turno y controlar territorios en la jurisdicción nacional.
Este inevitable enfrentamiento debe ser asumido por el alto mando, como la manifestación evidente de una conflagración interna, híbrida, asimétrica. Mientras más tiempo se la «ignore», mayor perjuicio ocasiona, ensoberbece a los terroristas; expone a la fuerza pública a mayor contaminación y destrucción de su moral.
Por consiguiente, deben sugerir al mandatario, que concomitante a declarar: estado de guerra interna contra el narcoterrorismo, disponga al CNE que convoque a Consulta con las preguntas aprobadas por la CC en Dictamen 7-19-RC-19, que son las únicas que eliminan las funciones e instituciones que instauran el narco-Estado. No existe otra forma de recuperar la Patria, el prestigio de sus instituciones, la seguridad de la población, la democracia y la libertad, al mismo tiempo.