Valeria Mesías Rodríguez
Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, tres provincias en estado de excepción, están en alerta roja por tener las tasas de homicidios, muertes violentas y delincuencia más altas del país. Y no es una simple coincidencia. El territorio no es un espacio geográfico constituido al azar.
No en vano las provincias de la Costa con las más grandes brechas de desigualdad son las mismas del Estado de excepción. Santo Domingo es una de las ciudades intermedias más jóvenes, con más de medio millón de habitantes. Sin embargo, ya desde antes de la pandemia, tenía uno de los índices de pobreza más altos del país, y otros problemas como desempleo, subempleo, trabajo informal, asentamientos irregulares, etc.
Somos una ciudad que ofrece una estructura de oportunidades muy limitada para las nuevas generaciones. Necesidades básicas insatisfechas; paupérrima inversión en educación; problemas para generar nuevas fuentes de empleo formal; insostenibilidad económica, social y ambiental.
Por su parte, las autoridades de Santo Domingo afirman que el estado de excepción ha sido exitoso, al reducirse el porcentaje de muertes violentas en un 76% a noviembre (pasamos de una media de 25, a 6 muertes violentas por mes, siendo un total de 140 en los últimos 11 meses).
La pregunta es ¿se puede llamar “exitoso” al descenso de la cifra de muertes violentas porque hemos sido encerrados a cuenta del estado de excepción?, ¿Qué pasará cuando termine el periodo máximo permitido para esta medida?, ¿A qué otras acciones recurrirán para tratar de restablecer el orden público? Somos como el niño al que le toca portarse bien porque todo el tiempo está amenazado y vigilado. Y es insostenible.
Por el contrario, el buen desempeño de una sociedad debe ser orgánico. Y eso solo se consigue en el largo plazo con política pública bien diseñada para invertir en el desarrollo humano.