Diana Luzuriaga Vera
Una de las funciones esenciales del Estado es, sin duda, la Administración de Justicia. Por su implicación directa para mantener el orden, la seguridad y la confianza en la población. Revisando información relativa al tema, encontré datos de una Auditoría de la Democracia en Ecuador del año 2002, donde constaba que solo el 16,1% de los ciudadanos confiaban en la Corte Suprema de Justicia y, que el 58,3% de las personas que fueron víctimas de un delito no lo denunciaron porque sentían que no sirve de nada.
Han pasado 21 años y lejos de que la percepción haya mejorado, parecería que hemos ahondado en una crisis generalizada de desconfianza en todas las instituciones del Estado. Una de las principales causas, es el alto nivel de corrupción. Como sociedad lo repudiamos absolutamente, pero ¿qué hacemos? ¿ante quién acudimos? y ¿hasta cuándo soportamos?
El Sistema Judicial ecuatoriano tiene serias falencias, por lo que urge trabajar en reformas, pero sobre todo en la recuperación de la ética institucional y la confianza de la ciudadanía en esta función estatal. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designó el 13 de febrero de 2023, al Dr. Wilman Terán como nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Esta noticia nos llena de orgullo como provincia y de esperanza como país, conocedores de la trayectoria profesional del Dr. Terán, tomamos sus palabras como un compromiso de fiel cumplimiento “La Función Judicial está encargada de entregarle a cada quien lo que le corresponde, como una exigencia que no se pide de rodillas”; “Todos y cada uno de los puntos de mi plan de trabajo, tengan la seguridad de que serán desarrollados”. Tenemos esa seguridad y anhelamos que nuestro país inicie una nueva etapa, donde la Justicia prevalezca en su verdadero sentido, con decisiones objetivas e imparciales sin influencias, de riquezas, política, fama o infamias que vulneren los derechos de quienes la demanden.