Eddy Arrobo Rodríguez
El 23 de febrero de 2021 quedará grabado en la memoria colectiva, como aquel día en que las cárceles se tiñeron de sangre, pues entre sus muros se perpetraron los más horribles y abominables crímenes. Las rejas no pudieron detener la barbarie, como resultado, 79 personas privadas de libertad murieron.
Lo sucedido en los centros penitenciarios de Guayaquil, Latacunga y Cuenca, por pugnas entre organizaciones delictivas es algo sin precedentes en el país, los enfrentamientos entre bandas, quienes, desbordados de venganza, saña y extrema violencia, se encarnizaron entre sí, decapitándose y desmembrándose, para luego intencionalmente filmar y subir los videos a redes sociales con el fin de alarmar y causar caos en la ciudadanía.
Ante estos hechos execrables, como ciudadanos racionales, no debemos caer en el morbo y viralizar estos acontecimientos que solo demuestran la decadencia del ser humano. Además, debemos tener presente que las personas privadas de libertad han perdido su libertad ambulatoria, pero sus demás derechos humanos deben precautelarse, siendo indispensable que el Estado invierta en su rehabilitación, de tal manera que cuando cumplan su pena sean reinsertados en la sociedad, cosa que es imposible en estas circunstancias.
Por otro lado, los amotinamientos simultáneos acontecidos desnudan la grave crisis carcelaria, donde el hacinamiento y la corrupción son dos de los problemas que debe enfrentarse. Ante la problemática carcelaria es necesario que se adopten políticas integrales y reformas al sistema penitenciario donde se implementen nuevos estándares de seguridad, se adapten las infraestructuras obsoletas, se reduzca la superpoblación y se reorganice al personal administrativo y operativo corrupto.