Wellington Toapanta
Particularísima es la generalidad de la sociedad ecuatoriana: reactiva, pasiva, no propositiva. Por ejemplo, es casi vacía en salud preventiva, contemplativa ante dificultades, propensa a la novelería, al bienestar baladí, a subsidios, canonjías.
Podría ser severa la caracterización, pero no. Por ejemplo, si fuese amigable con la salud preventiva, ahorraría gastos en remediar patologías prevenibles; no coadyuva energías para resolver problemas individuales y sociales, sino espera soluciones externas, al no hacerlo, enfila responsabilidades a terceros, usualmente al Gobierno, ignorando a colaterales instituciones, legislativas, judiciales y otros, que tienen igual o mayor compromiso.
El estado de la sociedad en 2022 es resultado de lo construido, procesado desde 2006, cuando recobró fuerza el populismo, ya no los clásicos velasquismo, guevarista, bucaramista, sino uno disfrazado de izquierdismo, el socialista del siglo XXI. En 2007 desnudó su faz violenta, en 2008, vitoreado, ensambló una Constitución, con acción externa, cimiento de la actual cruenta lucha de bandas de drogas y competencia de subsidios.
Con los Arts. 364, 416.6, 40 y 9, se constitucionalizó el consumo y comercialización de estupefacientes y residencia de bandas criminales de todo origen. Se estableció normatividad penal y otras para proteger sus acciones; se debilitó la acción de la fuerza pública, y se estructuró un sistema político-electoral para perforar instituciones públicas.
Esa Constitución y legislación secundaria son benignas con la corrupción. Son casi contemplativas con la zozobra, el miedo y terror que, inusualmente, experimenta la sociedad ecuatoriana.
Tal “proyecto político” ya motiva titulares y contenidos de diversos medios de comunicación colectiva, como que “el crimen se exaspera al tocar la fibra de la corrupción”, que “la violencia aflora el ánimo oportunista de los partidos políticos”, que “la crisis de violencia aterriza en un Pleno (parlamentario) que se frota las manos”.
En el Ecuador de crónica roja no pocos “ciudadanos arriesgan su libertad al hacer justicia por mano propia”, pero aún no reaccionan sobre lo que publicó La Hora: el presupuesto para 2023, identifica que más de 7 de cada 10 dólares se van en sueldos de la burocracia y otros. Un funcionario público gana más del triple que un trabajador privado. Hay un déficit de $611 millones entre egresos por sueldos, subsidios, ayudas sociales, pagos de intereses y amortizaciones de deuda pública ($24.284 millones) con ingresos ($23.673 millones).
Previsible es que la mayoría parlamentaria cuestione la estructura presupuestaria, la que durante la ola de terror y crimen reciente se dio asueto; pero el lunes votó una híbrida resolución que condenó los ataques terroristas y crímenes,apoyó al gobierno por las acciones emprendidas, pero no ignoró su refriega política con el gobierno, a cuyas autoridades de seguridad amenazó con enjuiciarlas políticamente, sino le detallan acciones por emprender, que, por su propia naturaleza, son discretas. Imposible revelar tácticas a presuntos nexos con la zozobra.