Wellington Toapanta
Casi unánime es el beneplácito por la militarización del país para disuadir y reprimir la ola delincuencial, aunque solo es una medida para remediar los agudos desequilibrios jurídicos, políticos, económicos y sociales.
Si la pretensión gubernamental es hacer un ‘nuevo Ecuador’, le urge desistir de consultas populares con laxas preguntas que no afectan la esencia de la normativa prodelincuencial, representada por la Constitución que omitió al Ecuador como Estado de Derecho.
La Constitución vigente desencadenó infinidad de dolorosas experiencias para la economía nacional, pocas de ellas sentenciadas por la justicia, muchas esperan trámite como ‘pativideos’, turbios contratos petroleros, de fármacos, evaporación de glosas.
Urgente es restablecer al Ecuador como Estado de Derecho, cambiando la Constitución. Si no se lo hace se desencadenarán impredecibles consecuencias, mayores a las que tienen en zozobra, temor y miedo a la población actual, posiblemente recluidos, sin ánimos para alzar la voz.
Paralelo al cambio jurídico fundamental y secundario, es imperativa la reacción del Ecuador para aprovechar la riqueza petrolera, minera, agropecuaria y más. No es dable que, pese a disponer de ingentes fuentes de ingresos, el Banco Mundial proyecte el crecimiento económico ecuatoriano del 2024 al 0,7%, mientras la Asociación de Bancos Privados advierta desaceleración de créditos como efecto de incertidumbre e inseguridad jurídica.
Solo la falta de voluntad política, ineficiencia y corrupción tienen al Ecuador en angustias fiscales y de bienestar. Con decisión y transparencia el Gobierno tiene el imperativo de ampliar horizontes petrolero y minero, generar empleo, garantizar seguridad jurídica relevando la perniciosa Constitución y normatividad secundaria, reestructurando los oprobiosos sistemas de organizaciones políticas y electorales, potenciando educación ética y cívica.
El estado de guerra es doloroso. El crimen organizado transnacional, el terrorismo y sus camuflados aliados políticos no cesarán hasta lograr sus objetivos, por lo que urge la adopción de medidas que solo dependen del Ejecutivo y de la voluntad popular para remediar las crecientes angustias. Es la hora de comenzar a hacer un nuevo Ecuador.