Wellington Toapanta
El correísmo, que regenta la Comisión Parlamentaria de Fiscalización y Control Político, parece haber parado su empeño de determinar “cómo se repartió la justicia desde el Consejo de la Judicatura, sin ningún tipo de sanciones”, por eventual efecto boomerang; pero, no disimula su ansiedad por obtener información preprocesal de los casos Metástasis y Purga que, acaso, develan particularísima información clasificada.
Al inicio el objetivo transitó centelleante, pero bruscamente se frenó tras la comparecencia del presidente encargado del Consejo de la Judicatura, quien precisó que los jueces involucrados en Purga son resultado de las reglas y del concurso organizado por su coideario Gustavo Jalkh.
Si se propone, la Comisión no haría mayor esfuerzo para transparentar el reparto de la justicia desde el Consejo de la Judicatura. Existen archivos suficientes. El precoz antecedente lo encontrará el 25 de enero de 2011, cuando su líder, Rafael Correa, anunció su decisión de “meter la mano en la justicia”, que materializó en las preguntas 4 y 5 del referéndum y consulta popular del 7 de mayo del mismo año.
En línea haría comparecer al triunvirato del Consejo de la Judicatura Transitorio del 2011-2012 con “imparciales” hojas de vida, como su proceso calificador para quienes integraron la primera Corte Nacional de Justicia, como las confesiones judiciales de no pocos de ellos, que admitieron no haber cumplido los méritos exigidos.
La lógica investigativa también debería exigirle convocar a Gustavo Jalkh, quien presidió el Consejo de la Judicatura entre 2013 y 2018, para que muestre las reglas del concurso que formó “el banco de jueces elegibles”, entre quienes están los involucrados en los casos Metástasis, Purga. ¿Será pedir peras al olmo o el silencio será sinónimo inconfesable?
Nerviosismo exhalan las dos organizaciones coaligadas con el Gobierno, ¿por qué será? Los chats de los casos Metástasis y Purga revelan maniobras criminosas empasteladas de habeas corpus, medidas sustitutivas, acciones de protección a sospechosos, flagrantes y confesos delincuentes de diversa laya, alteración de investigaciones, que imputan a políticos, negociadores, traficantes de influencias, narcotraficantes, lavadores de activos, etc.