Wellington Toapanta
Ingresar a un presidio, escenario conflictivo, por decir lo menos, es traumático. Registra gamas psicológicas. Antes, en el Penal ‘García Moreno’, en Quito, se diferenciaban presos comunes de políticos, estos ubicados en la ‘Serie E’.
La ‘Serie E’ albergó historia: de ahí fueron arrastrados hacia la ‘hoguera bárbara’, Eloy Alfaro y sus tenientes; de ahí salió el detenido vicepresidente Carlos Julio Arosemena Monroy a la Presidencia de la República; ahí fortalecieron doctrinas, civismo, escribieron libros, excelsos luchadores civiles y militares contra dictaduras de diversa laya.
Fue albergue penitenciario 139 años (1875-2014), reemplazado por la Cárcel de Latacunga construida por el régimen de Rafael Correa, sin espacio para presos políticos, pues sus adversarios fueron presos comunes. Su obra también es ‘La Roca’, cárcel de máxima seguridad, en Guayaquil, con aval del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para aislar a los criminales más peligrosos del país por narcotráfico, asesinatos y otros delitos mayores.
El forzado ‘huésped’ en la Embajada mexicana, Jorge Glas, fue ingresado a ‘La Roca’; el expresidente del Fondo de Solidaridad, el exministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, de Sectores Estratégicos, el responsable de la reconstrucción del terremoto de 2016 en Manabí y Esmeraldas, el exvicepresidente de la República, para cumplir sentencias, no por delitos políticos, sino por asociación ilícita, por sobornos de la constructora Odebrecht y coautor de cohecho pasivo agravado.
Está ahí para cumplir las sentencias ejecutoriadas de 14 años de prisión, reducidos a 6 por la garantista legislación penal, por rebelarse contra su libertad condicionada, obtenida, según versión, con financiamiento narcodelictivo. Al pretender amparo mexicano se otorgó estatus de prófugo de la justicia ecuatoriana.
Incluye orden de prisión preventiva por presunto uso indebido de fondos públicos en dicha reconstrucción, legalizada tras su captura en el forzado hospedaje mexicano, pese a lo cual militantes del Socialismo del Siglo XXI esparcen emparejamientos de política con delito común, corroborados por un grupo de gobernantes en la Celac, sugiriendo que sería su ideología.