Wellington Toapanta
Cunde escepticismo, incertidumbre, por la declaratoria de ‘conflicto armado interno’ que ha puesto a contender a las Fuerzas Armadas con el crimen organizado transnacional y oficializadas organizaciones terroristas, como con los hasta ahora invisibles ‘actores no estatales beligerantes’.
Escepticismo, porque ¿es suficiente base la ocupación de la estación gubernamental TC Televisión por desmañados ‘comandos tiguerones’ para declarar estado de guerra interna? Inesperadamente Ecuador escaló a segundo país americano a ese estado bélico, después de décadas de Colombia sin visos de solución.
Hasta el 9 de enero la violencia identificaba disputas cruentas de narcotraficantes por territorios definidos y eventuales asociaciones con sujetos sometidos a investigaciones ficales y decisiones judiciales por delitos perpetrados, entre el 2007 y 2017, en el sector público, que han permitido entender a la población el significado de crimen organizado transnacional, como ‘terrorismo’ por las huellas dejadas por la CONAIE, pero “actores no estatales beligerantes” (paramilitares, guerrilleros), no son visibles entre los 22 grupos descritos en el decreto presidencial.
Hasta la abrupta ocupación de TC Televisión, los inyectores narcodelincuentes de zozobra y dilapidadores de riqueza pública, han sostenido (sostienen), como escudos, la Constitución del 2008 y su normativa secundaria, garantes de ciudadanía universal, medidas sustitutivas a prisión, indiscriminado habeas corpus, funciones judicial y electoral, fuerza pública perforadas, endeble sistema educativo y, peor: el ‘voto duro’ del 25 % de ciudadanos que continúa sufragando por quienes sembraron estos escenarios.
En declaraciones a Infobae, la ministra de gobierno afirma que ‘el problema de la violencia empezó durante el gobierno de Correa’, que hizo ‘pactos’ con quienes nunca debió hacerlo. ¿Incidirá este criterio en la estabilidad de la funcionaria, en el azaroso “acuerdo de gobernabilidad’?
¿Escepticismo? El ‘conflicto armado interno’ opaca la instrucción fiscal del caso Metástasis, la inspección del computador de Jorge Glas, las ineficaces once primeras preguntas de la consulta popular, las expectantes nuevas preguntas sobre extradición, extinción de dominio, creación de especializadas judicaturas constitucionales. Por esto estarían bregando los editores del catálogo delincuencial correísta con comunes vacunadores, extorsionadores, chantajistas, sicarios, ahora con mote de “terroristas”. ¿Qué viene?