Wellington Toapanta
Los dislates parlamentarios y gubernamentales en el trámite del proyecto económico urgente, en materia económica, denominado ‘Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis social y Económica’ que, originalmente, propuso aumentar el Impuesto al Valor Agregado, IVA, del 12 al 15% desnudó esencias políticas de sus actores.
Quedó claro que, en la sustanciación del proyecto, la entente parlamentaria-gubernamental fue consciente para atropellar preceptos constitucionales, como la atribución exclusiva presidencial para crear, modificar y suprimir impuestos, pero está por regir un híbrido dislate de forzadas cargas impositivas, incluyendo una ominosa retroactiva.
Por los pronunciamientos de las partes, los actores económicos y sociales, con reticencia, asumirán las nuevas cargas, que contienen fuertes mensajes de que en el Ecuador conciertan políticos que se esfuerzan por posicionarlo como escenario de inseguridad jurídica, de clima insalubre para inversiones, en donde generar proyectos productivos, de empleo, es de riesgo alto.
El contenido preocupa a la ortodoxia democrática, constitucional y legal, al afán de modernización productiva y tecnológica, porque denota esfuerzos por mantener al Ecuador como exportador de materias primas, en detrimento de producción con valor agregado, industrial.
Los coaligados no solo evidencian posturas contrarias a perspectivas de desarrollo económico y social, también de aprovechamiento de coyunturas de fortalecimiento penal para procesar al crimen organizado transnacional, con el cual habría identidades porque bregan por reformas al Código Integral Penal que anulan reservas sobre investigaciones preprocesales, promueven revisión de sentencias firmes con monitoreadas ‘organizaciones de derechos humanos’.
Tales actuaciones, lejos de promover seguridad en el país, emiten fuertes mensajes de inseguridad jurídica, que el Ecuador no garantiza inversiones, que tiene políticos enfadados con el progreso económico y social, con la ética, la transparencia.
Es posible que, cuando el proyecto tributario entre en vigencia, actores económicos y sociales denuncien a la Corte Constitucional los galimatías parlamentarios y gubernamentales y si esta obra apegada a la normatividad constitucional, solo regirá el nuevo IVA del 15%, que encarecerá procesos productivos, el nivel de vida de la población; relativizada la inseguridad, las recaudaciones sostendrán la creciente obesa burocracia estatal.