Wellington Toapanta
El año 2023 hizo evidente que las organizaciones políticas carecen de convicciones filosóficas e ideológicas, que las organizaciones sociales operan exentas de contextos nacionales, que la mayoría ciudadana persiste en ser ecopopulista, propicios escenarios para ser presas de los tentáculos del pulpo crimen organizado transnacional.
Ya aprisiona la administración del Estado con dermis constitucional y legal tejida desde el 2008 que le ha mimetizado en actos legislativos y ejecutivos adversos a la ética, al bienestar económico, social, político, pero pródigos en bonos, subsidios y deuda pública.
Ha paralizado a casi 270 organizaciones políticas vigentes, que no resuenan sino solo en ‘negociaciones’ de antesalas electorales, cuando desesperan por encontrar postores que les permitan ‘lavar candidaturas’ a cualquier precio.
La normatividad permite a las organizaciones candidatizar, a dignidades de elección popular, a militantes y simpatizantes de diversa laya, germen de mediocres “representantes populares”, eventuales centros operativos del crimen organizado transnacional para edificar narcopolítica con discursos calculados y malabaristas actuaciones administrativas.
El operativo ‘Metástasis’ ha develado la relación del crimen organizado transnacional con la política, ha mostrado rostros de activos confabuladores, como de tránsfugas que regentaron el Ecuador, gobiernos locales, como tramitadores de impunidad.
El desenlace es de expectativa. La sociedad se pregunta si el gobierno sería capaz de iniciar procesos para remediar la amenaza organizacional por la narcopolítica; podría comenzar desplazando la vigente Constitución y su normativa secundaria que amparan al crimen organizado transnacional y traban el bienestar nacional.