Wellington Toapanta
Las controversias entre la Corte Constitucional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social —CPCCS—, entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura, como los comicios sospechosos organizados por el Consejo Nacional Electoral, registrarían a estas instituciones como alimentadoras de la crisis jurídica, política, económica, social e inseguridad ecuatoriana.
Sus actuaciones se polemizan por obviar taxativa normatividad constitucional y legal en sus resoluciones, rebasando competencias específicas.
Preocupa que sicarios y violentos que disputan territorio y poder en el mercado de estupefacientes pujen por contaminar niveles administrativos del Estado, los que ya no disimulan discrecionalidad en la aplicación normativa.
Incomprensible es admitir y ordenar consultas antipetroleras y antimineras omitiendo las previas a comunidades directamente relacionadas, como atribuirse la calificación de ‘urgente’ a proyectos de decretos-leyes económicos, que es privativa facultad presidencial.
El dignatario del CPCCS no ha disimulado empeño de iniciar un proceso que cesaría a los integrantes de la Corte Constitucional, pero ha reculado por inminente boomerang, dejando profundas huellas de desacato e incumplimiento de decisiones obligatorias.
Huellas indelebles son también la del titular del Consejo de la Judicatura, quien generó un nuevo axioma aritmético, según el cual 2 es más del 50 % de 5, con cuyo “mayoritario 2” se destituyó a un ‘incómodo’ juez nacional que procesaba penalmente a dos consejeros y una nueva imputación penal contra el convicto ex vicepresidente Jorge Glas y extendió la permanencia de jueces presuntamente ‘corrreístas’.
El Consejo Nacional Electoral no cesa de sembrar sospechas sobre el presente y precedentes procesos electorales, dejando en duda el cumplimiento de transparencia en la organización y realización de los mismos, como pretender realizar elecciones de asambleístas entre ecuatorianos residentes en el exterior en la segunda vuelta de elección presidencial.
¿Son o no huellas evidentes de protagonistas que alimentan crisis jurídica, política, económica, social e inseguridad en el Ecuador?
¿Transita el país al sicariato y violencia judicial por ansiedad de poder para favorecer impunidad e institucionalizar un dudoso Estado? Detenerlo es responsabilidad ciudadana, por el bien del país.