Wellington Toapanta
Los 13’450.047 ciudadanos convocados a votar en las elecciones generales del domingo 5 de febrero de 2023 determinarán el futuro inmediato de provincias, cantones y parroquias de Ecuador, como el posible inicio de procesos para frenar la desinstitucionalización estatal y a la narcopolítica en Ecuador.
Por ello, si los electores anhelan restablecer e impulsar signos de progreso y bienestar no votarán por representantes de quienes, entre 2007 y 2017, cimentaron normativas que han burocratizado al sector público, ha deprimido inversiones productivas, propagado empleo informal, inseguridad, expansión de mercados de estupefacientes, inseguridad.
Esas taras están inmersas con lenguaje populista en la Constitución de 2008, manipulando principios e ideologías, como generación de instituciones inoficiosas. Con ardides desplazaron decenas de miles empleados de carrera, sustituyéndolos con incondicionales, beneficiarios de sueldos incompatibles con la realidad nacional. La planilla burocrática exigió recurrente deuda pública a ser pagada hasta los próximos años, en detrimento de inversión estatal.
Amparados en la Constitución, expandieron bonos para disfrazar pobreza y extrema pobreza, censaron a los beneficiarios con futuros fines electorales; entramaron artificiosos contratos de obra pública y establecieron legislación penal que, a corto plazo de ser procesados, les garantizaría impunidad. ¿Raíces de la “delincuencia organizada”?
La historia comenzó con la fanfarria de ‘refundar’ el Ecuador; 16 años después, los ‘principios constitucionales’ han derivado realidades que conmocionan a la población, porque ya le son habituales narcotraficantes, narcoabogados, narcojueces, narcofiscales, narcomilitares, narcopolicías, narcosicarios, narcopolíticos, narcocandidatos, narcovecinos, etc, habituales adjetivos derivados de la constitucionalización del consumo y comercialización de estupefacientes, como presunto derecho, sin responsabilidad.
Las instituciones públicas y los vecindarios ya están perforados. El empeño parece ser convertir al Ecuador en narcoEstado. Lo óptimo habría sido consultar a la población sustituir la Constitución del 2008 por la de 1998, pero las preguntas propuestas animan esperanzas de que podría ocurrir en un futuro cercano.
Este domingo, los electores deberían ir a las urnas pensando en ya no querer ver aperturas de noticieros con informaciones de crónica roja, por lo que sus esferográficos no deben cruzar la raya vertical en los cuadros de los abogados relacionados con los hacedores de la nefasta Constitución de 2008. Quieren controlar el cuestionado y estratégico Consejo de Participación Ciudadana para apalancar sus objetivos y fines protervos.
De ese cordón umbilical también penden cuatro candidatos a la Alcaldía de Quito, que aparentan fines diferentes, pero inducen a pensar el fin estratégico de sumar sus concejales elegidos para influir en las acciones del cabildo.
El domingo no es un simple evento electoral. Contiene apertura de horizontes de seguridad, disuadir a la narcopolítica, desarrollo bienestar, freno al turbio populismo con facetas cleptómanas, votar por estos sería reeditar latrocinios experimentados entre el 2007 y 2017.
¿El voto de este domingo dirime entre la vigencia dinámica de la ‘delincuencia organizada’ y el inicio de fuertes procesos para combatirla? La responsabilidad ciudadana es alta.