Alejandro Querejeta Barceló
La libertad de expresión, información y pensamiento está en el candelero político desde los tiempos del correísmo. El intento por estrangular y desaparecer a los medios de comunicación que consideraba “hostiles” fue una estrategia a la que echó mano con todos los mecanismos represivos de ese régimen. Ese engendro volvió a escena con el Proyecto de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), objetado parcialmente por la Corte Constitucional.
A sus ideólogos les preocupa que, a través de medios independientes, los lectores, televidentes y radioescuchas logren conocer por qué se producen los fenómenos y acontecimientos de la realidad, qué motiva un comportamiento o una decisión de quienes detentan el poder. La tolerancia intelectual como garantía de la convivencia democrática era ajena a su objetivo, que no eran otro que el de dinamitar, precisamente, la democracia.
Esa limitación enfermiza supone un límite al acceso a las fuentes y al derecho a la información. Que la sociedad sea abierta y plural no entra en los proyectos de gobierno de quienes pretenden determinar, a manera de dogma, lo que consideran “pensamiento políticamente correcto”. Que los ciudadanos no conozcan y no actúen de acuerdo con todos los lados de una historia, incluso si uno les parece detestable, es lo esencial del Proyecto.
La opinión, como parte del derecho a la libertad de expresión, fue defendida por la Corte Constitucional. Para los regímenes totalitarios al uso, no contar con la censura previa, con el acoso ideológico y la persecución a comunicadores, es inconcebible. Los ejemplos están, por el momento, a la vista en Nicaragua, Venezuela y Cuba —países que se suelen pavonear como poseedores de una supuesta superioridad moral—, que se traduce en cierre de medios de comunicación y encarcelamiento de periodistas y editores.
Que la Corte aceptara parcialmente la objeción por inconstitucionalidad planteada por el presidente Lasso, en contra del Proyecto de la LOC que aprobara la Asamblea en julio, es una victoria de nuestra democracia. UNES, PSC, rebeldes de Pachakutik y disidentes de la ID recibieron lo que podría calificarse de un correctivo legal de fondo y forma, difícil de eludir o burlar.