Ecuador está en una muy mala posición, social y económicamente. Los niveles de pobreza, desnutrición, desempleo, inseguridad y desigualdad le roban el presente y el futuro a nuestro país; y el Estado no tiene los recursos suficientes para afrontar estas crisis. Esa es nuestra realidad.
El oficialismo presentó su proyecto de ley ‘Creando Oportunidades’ que buscaba generar empleo y financiar el “impulso poscovid-19”. El proyecto fue devuelto por la Asamblea, al no cumplir con los parámetros constitucionales requeridos. El gobierno ha respondido que analizará las siguientes acciones, culpando a la Asamblea de “negarle la posibilidad de crear oportunidades”. Lo cierto es que hoy no podemos avanzar sin una solución, y existe una importante responsabilidad compartida.
El gobierno debe aceptar y aprender de sus errores, y enviar proyectos que cumplan con todos los requisitos para ser admitidos. Además debe asegurarse de usar una buena redacción que evite las ambigüedades, y comunicar claramente los estudios y las razones técnicas que sustentan dichos proyectos, con un análisis de los efectos y resultados previstos. Es decir, debe entregar toda la información necesaria que permita valorar las propuestas de forma integral; y en esa línea trabajar en conjunto con la Asamblea.
Por su parte, la Asamblea tiene la responsabilidad, una vez admitidos, de tratar estos proyectos de una forma técnica, apegándose a la Constitución y demás normativa, dejando las riñas políticas a un lado.
Esto no significa que dichos proyectos deban aprobarse como sean presentados. El debate es necesario, sin complacencias pero guiados por una meta en común. De la diversidad se construyen mejores soluciones y es ahí donde los ciudadanos también tenemos una responsabilidad: la de elevar el debate sobre dichas propuestas. El país necesita que todos estemos a la altura de las circunstancias.