Con mucha ilusión la ciudadanía recibió el anuncio del proyecto de ‘Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal’ que, en momentos aciagos como los actuales, se ha considerado urgente e imprescindible.
El Ecuador presenta una crisis profunda de pobreza, pobreza extrema y desempleo que afecta a más de la mitad de la población. Este es el gran reto que debe enfrentar el gobierno con soluciones socialmente justas, para superar la herencia nefasta recibida de la administración corrupta e inepta de los últimos catorce años.
El proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional ha dado lugar a un intenso debate, indispensable por la trascendencia de los temas propuestos. Entre estos, quizás el más controversial, la creación de un régimen laboral alternativo al Código de Trabajo que, según varios analistas, estaría en contraposición a las disposiciones constitucionales y a los compromisos del país como signatario de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Las tres nuevas modalidades de contratación: 1) contratos alternativos por tiempo definido e indefinido; 2) contratos alternativos por obra o servicios determinados; y 3) contratos alternativos eventuales, diseñados para enfrentar los nuevos retos de la competitividad en el contexto de la sociedad del conocimiento, no tienen por qué afectar principios universalmente reconocidos sobre el equilibrio que debe existir en la remuneración de los diversos factores de la producción.
La justificación oficial del proyecto se basa en la creación de oportunidades de emprendimiento y generación de empleo; el cual, es obvio, debe ser justo y relativo a la situación real de la economía. Preocupan en particular las condiciones del trabajo juvenil en desmedro de su educación, así como un salario promedio que alcanzaría alrededor de 200 dólares mensuales, cuando el valor de la canasta básica alcanza $711.68.
Que el Consejo de Administración Legislativa haya devuelto el proyecto al Ejecutivo es una oportunidad para reconocer que solamente una relación equilibrada entre empleadores y trabajadores puede asegurar la estabilidad social y política que hoy más que nunca, el Ecuador necesita.