Wellington Toapanta
No son nuevas. Las sospechas sobre los procesos electorales son centenarias. Desde que se constituyó Ecuador, en Riobamba, como Estado, el 11 de septiembre de 1830. Entonces, se unió, como dice la Constitución de ese año, y se confederó “con los demás Estados de Colombia para formar una sola Nación con el nombre de República de Colombia”.
Desde entonces, no cesan las versiones sobre la elección del venezolano Juan José Flores como presidente del “Estado del Ecuador”. La promulgación de la Constitución adolecería de formalidades. La firma del elegido consta en el edicto del 23 de septiembre de 1830, pero no la del secretario, solo un sello, pese a que el párrafo precedente resalta: “Dado, firmado de mi mano, sellado con el gran sello del Estado y refrendado (firmado) por el Ministro Secretario del Despacho”, cuyo nombre tampoco se consigna.
Real. Hace poco, la mayoría de la Asamblea Nacional decidió que la población ecuatoriana celebre dicha adhesión del Estado del Ecuador a la República de Colombia. El Ejecutivo valorará la pertinencia histórica, antes de decidir la eventualidad de incluir el 11 de septiembre en el Calendario Cívico Nacional, que es la pretensión parlamentaria.
¿Cómo fue electo Flores? El Art. 33.1 de esa Constitución la determina: “Ser ecuatoriano de nacimiento. Esta disposición no excluye a los colombianos que hubieren estado en actual servicio del país al tiempo de declararse en Estado independiente, y que hayan prestado al Estado del Ecuador servicios eminentes, y que estén casados con una ecuatoriana de nacimiento, y que tengan una propiedad raíz valor de treinta mil pesos”. Para dotarse de los últimos requisitos, Flores, de 29 años, se casó con Josefina, heredera opulenta de la Casa Jijón.
Desde entonces, la normatividad electoral se ha ajustado a intereses inconfesados. En el 2008 se instauraron movimientos políticos de “alquiler”, que generan “figuras políticas” como candidatos, enturbiados de glosas, con sospechas penales, exentos de ética política, como dos aspirantes a la alcaldía de Quito, otro en Guayaquil, relacionados, íntimamente, con el gobierno del 2007 al 2017.
Por ello, la Asamblea Nacional y no pocos gobiernos locales son blancos de recurrentes adjetivos por inoperancia, por actuar a espaldas de las dramáticas realidades nacionales y locales. Experiencias sugieren que la Función Electoral no “garantiza el ejercicio de los derechos políticos” ciudadanos. Existen sospechas (ciertas). Cuatro asambleístas tienen “duda de la imparcialidad del CNE en Los Ríos”, su cúpula “tiene vínculos con autoridades de la Prefectura y la municipalidad de Babahoyo”, presuntamente inclinados a sus balanzas políticas.
Más. La delegación habría hecho “desaparecer” el acta de elecciones primarias del candidato a la alcaldía de Vinces (París Chiquito), Antonio Mosquera Solórzano, por la alianza UP-ID. El CNE tiene el imperativo de corregir la, aparente, furtiva desaparición del documento. Se sospecha que hay interés de que el postulado y otros no intervengan en la lid.